En medio de las actividades en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la Cancillería de Chile decidió postergar su firma en el Acuerdo de Escazú. El compromiso consiste en garantizar acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Esta decisión generó gran sorpresa a nivel local e internacional debido a que Chile fue uno de los propulsores del acuerdo en 2012, inició su etapa preparatoria, fue protagonista en la etapa de negociación e integró a entidades internacionales para asegurar el éxito de toda la operación.

Los motivos entregados por la Cancillería es la consideración del Tribunal de La Haya en instancias de controversias ambientales. Esto en el contexto de que el Gobierno de Chile actualmente está siendo demandado por Bolivia ante ese mismo Tribunal. La postergación fue confirmada por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Las respuestas mediáticas fueron rápidas y tanto las organizaciones que trabajaron en la creación del acuerdo y la ciudadanía en general advirtió que Chile debe firmar lo antes posible. Principalmente porque el acuerdo permite a las comunidades participar de forma vinculante en la evaluación ambiental de proyectos que solicitan instalarse en determinadas zonas.

La firma, que debería haberse realizado el 27 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, no tiene una fecha determinada de reanudación. Ante esto, la Ministra Schmidt declaró que “la postergación no pone en duda los compromisos ambientales. Nuestra legislación nacional cumple plenamente con lo estipulado en el Acuerdo de Escazú, por lo que la postegación no implica merma alguna en los derechos de acceso ambiental en Chile”.

Como Fundación Basura recomendamos firmar el Acuerdo de Escazú lo antes posible por el hecho simbólico y práctico de culminar un proceso de años y que permitirá a la ciudadanía empoderarse ante las decisiones medioambientales en todo el territorio nacional.

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