La ley #ChaoBolsasPlasticas, también conocida como Ley 21.100, es considerada una de las medidas más importantes que se han tomado en Chile en materia de protección del medio ambiente y reducción de la contaminación por plásticos. La ley entró en vigencia el 3 de agosto de 2018 y establece que los establecimientos comerciales, tales como supermercados, tiendas y otros, no pueden entregar bolsas plásticas a sus clientes para transportar sus compras.»En su lugar, deben ofrecer alternativas que contengan un mayor porcentaje de material biobasado».

Sin embargo, a medida que se implementa la ley, se han identificado varias brechas en la ley que obstaculizan su capacidad para lograr sus objetivos. De hecho, la cantidad de bolsas a reciclar había disminuido en el periodo 2018-2020, pero en 2021 aumentó un 5% con respecto a 2020, principalmente por la importación de bolsas plásticas, lo que demuestra la necesidad de mejorar la implementación de la ley.

Durante un conversatorio reciente dirigido por la fábrica chilena de bolsas reutilizables y sustentables UNIBAG, se discutieron algunas de estas brechas y se propusieron soluciones para abordarlas. Entre las principales brechas de la ley identificadas, se destacan las siguientes:

1. Materialidad de las bolsas: Las bolsas prohibidas son aquellas que contienen más de un 50% de polímeros derivados del petróleo, por lo que da lugar a mezcla de materiales biobasados y derivados del petróleo, lo que dificulta o imposibilita el compostaje o reciclaje.
2. Ausencia de etiquetado y certificaciones: La falta de etiquetado y certificaciones complica la gestión, fiscalización y fin de vida de las bolsas, ya que no se requiere información sobre su materialidad en el mercado.
3. Compostable: La ley no exige que la bolsa sea compostable, permitiendo la comercialización de bolsas mayormente con materias primas renovables pero plásticas, que demoran aproximadamente 400 años en degradarse. 
4. Zona de venta: Es crucial que la ley prohíba la venta y entrega de bolsas plásticas en todos los puntos de venta, ya que actualmente solo están prohibidas en la zona cercana a las líneas de caja.
5. Envase para productos a granel: La ley no prohíbe el uso de bolsas plásticas como envase primario en ventas a granel, lo que puede generar fugas de microplásticos. Es necesario establecer la obligatoriedad de utilizar bolsas compostables en estas situaciones.
6. Fiscalización: Falta recursos para las municipalidades para fiscalizar la ley. 

Así, la solicitud de UNIBAG consiste en un cambio normativo modificando algunos artículos y creando un reglamento para la ley. Exige prohibir las bolsas plásticas de comercio con cualquier porcentaje de polímeros derivados del petróleo y exigir certificación de bio basada para comprobar materialidad y evitar el greenwashing. También se propone prohibir todas las bolsas plásticas de comercio de un solo uso, incluyendo las biodegradables y compostables, a excepción de las bolsas compostables desechables para embalaje primario de alimentos. Además, se requiere que las bolsas reutilizables permitidas sean bio basadas y compostables, y que los fabricantes o importadores de bolsas cuenten con un plan de manejo post-consumo. Finalmente, se sugiere establecer un portal de denuncias y un registro para fabricantes, importadores y comercializadores. 

Al final del conversatorio se discutieron puntos como la necesidad de definir claramente los términos y conceptos utilizados en la ley propuesta y la importancia de contar con un portal de denuncias fácil de usar para los consumidores. También se planteó la inquietud sobre el impacto de la creación de bolsas más resistentes,  ya que esto requiere más recursos, y puede resultar contraproducente si la mayoría de la gente simplemente las tira a la basura.

UNIBAG ha mantenido reuniones con el Subsecretario de Medio Ambiente, con los presidentes de la comisión de medio ambiente del Senado y de la cámara de Diputas, quienes se mostraron sorprendidos por las brechas identificadas en la ley y la magnitud del problema. Ambos están de acuerdo en la necesidad de interpelar al gobierno sobre el tema. Ahora, UNIBAG está en la fase final de elaboración de propuestas de modificación de la ley en colaboración con actores clave de la sociedad civil en temas ambientales.

Escrito por Iris Arnould